Un nuevo escándalo estalló en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), luego que se detectó otro acto de corrupción, con un daño para el erario de 67.3 millones de pesos, en la gestión de Miguel Ángel Yunes.
El Congreso de la Unión señala al ex director de la institución como responsable del presunto desvío de recursos.
En esta ocasión, informa el diario "La Jornada", se trata de la adquisición injustificada de 200,000 botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31,265 fueron "donados indebidamente" al SNTE y al Sntissste, a servidores públicos y derechohabientes.
En una investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP) se detectó que la compra se hizo sin tener sustento: "No hubo justificación en el número adquirido (de botiquines) ni respecto al criterio para determinar el contenido".
También se descubrió el desvío de recursos y el incumplimiento de las bases de licitación. El domicilio fiscal de la empresa involucrada en el cohecho, denominada Bolensky, SA de CV, resultó ser un departamento de la colonia Condesa.
En las irregularidades está involucrado también el ex subdirector de área "B" de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica, Miguel Iván Hernández Gutiérrez, quien ya fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo en el servicio público federal, además que se le impuso una multa de 39.1 millones de pesos.
Notimex informa que la Secretaría de la Función Pública ya presentó una denuncia ante la PGR contra Hernández Gutiérrez por el desvío de recursos en el Issste.
Ernesto González Cancino, coordinador de asesores de la SFP, informó que una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del Issste detectó que el área a cargo del sancionado licitó la compra de los botiquines de primeros auxilios.
Los domicilios fiscales de otras dos empresas están deshabitados y sólo una de las cuatro participantes en la licitación dio información veraz.
También se descubrió incumplimiento de las bases de licitación, pues el encargado del proceso de compra aceptó la participación de empresas cuya principal actividad no es la comercialización de botiquines, lo que se puede comprobar al revisar sus respectivas actas constitutivas.González Cancino mencionó que el proceso de licitación reporta múltiples irregularidades, como que los 200 mil botiquines fueron comprados a 292.5 pesos cada uno, cuando su precio real en cualquier farmacia es de 260 pesos. Con base en los resultados de la investigación planteó que se trata de "una posible red de colusión entre empresarios y algunos funcionarios".
Sobre si el empresario está sancionado dijo que aún no, pues no se pudo entregar la notificación en su domicilio.Respecto al representante legal de Bolensky, SA de CV, Juan Pablo de la Fuente Álvarez, fue imposible localizarlo en su domicilio particular, en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal.Personal de seguridad del conjunto habitacional informó a la SFP que De la Fuente tenía más de un año (respecto a 2011) que no habitaba la casa ubicada en un conjunto residencial localizado en calle Cedros 76, Casa 35, colonia Contadero, y que la propietaria real del departamento era Adriana Jiménez.De la investigación se desprende que de los 200 mil botiquines adquiridos, 31 mil fueron "regalados o donados discrecionalmente" a dependencias federales, estatales, así como al SNTE y al Sntissste. Otros 102 mil 490 botiquines están en desuso, almacenados en las distintas delegaciones de ese instituto.
La Jornada
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