Nuestra “normalidad” democrática se desarrolla más o menos así: el PRI hace en el Estado de México lo que el PRD en el Distrito Federal o el PAN en Guanajuato. El PRD comete en Baja California Sur los mismos abusos que el PAN en Jalisco y el PRI en Hidalgo. El PAN en Baja California ejecuta las mismas tropelías que el PRI en Tabasco y el PRD en Chiapas. Y en todos los casos —lo hemos dicho aquí—, se aplica la verdadera regla vigente de que todo se vale, desde rebasar los topes de campaña, acarrear votantes, comprar sufragios, maicear institutos electorales, y que al final la autoridad electoral avalará el proceso y levantará la mano al vencedor.
A esa conclusión se llega a partir de la simple observación de los procesos electorales en las 32 entidades del país en los últimos años. Dirigentes perredistas y panistas se indignan cuando se les dice que, en materia electoral, todos los partidos son, para decirlo en términos que ellos mismos usan en privado, igual de cochinos y sólo compiten en ver quiénes son más trompudos.
Pero hay cifras verificables, datos duros, que comprueban más allá de toda duda esa realidad: las de nada menos que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, una de las instituciones que los propios partidos impulsaron desde principios de los años 90 para ser garante de limpieza electoral en México.
Desde su creación en 1994, se han registrado 10 mil 277 delitos electorales y sólo en mil 171 casos se ha llegado a una sentencia. En el último año, de 900 casos consignados, sólo 50 personas (5.5% de los denunciados) terminaron pagando una pena en prisión. Ninguno de esos 50 que fueron a dar a la cárcel era funcionario de alto nivel en ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni dirigente partidista ni candidato.
Especialmente revelador de cómo esa realidad es aceptada y aprovechada por todos los partidos es lo que afirma el propio titular de FEPADE, José Luis Vargas Valdez: según el más reciente estudio de la fiscalía, la incidencia de delitos electorales es directamente proporcional a la representación nacional que tienen los institutos políticos.
“Al revisar el pastel de porcentaje tenemos que 50% (de los delitos) corresponde al PRI, 35% al PAN, 12% al PRD y 8% a los partidos pequeños… Si lo contrastamos con el mapa de representación nacional y de gobiernos estatales tenemos que son prácticamente idénticas las gráficas: 50% gobierna el PRI, 30% el PAN y 20% el PRD”, dice Vargas Valdez, entrevistado para Radio Fórmula.
Y concluye: “Todos los partidos tienen los mismos incentivos para actuar de forma correcta y de forma incorrecta, y en una misma jornada electoral un partido puede ser víctima en un estado y victimario en otro”.
Más claro, ni el agua. Las elecciones son concursos de cochinos y trompudos.
Y para el chico cumpleañero...
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