El retorno del PRI a la presidencia de la República el pasado julio, después de 12 años de cuarentena, no le ha sentado del todo bien a México. A la par de la llegada del discurso modernizador de un partido que quiere convencer de que se ha renovado, han resurgido viejos adversarios que resisten ruidosamente al nuevo poder. Antes que amainar, las violentas protestas que le dieron la bienvenida a Enrique Peña Nieto el primer día de Gobierno se han multiplicado en varios Estados en estos cinco meses, configurando un mapa que hoy tiene en el sur del país un panorama con visos de ingobernabilidad.
Y eso que el PRI volvió al poder tras las elecciones de julio pidiendo prudencia. “Todavía no nos conocen”, se defendió el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en diciembre cuando 40.000 zapatistas tomaron Chiapas y reclamaron al gobierno. “¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo”, rezaba el comunicado firmado por el subcomandante Marcos. Las marchas coincidían con los actos del 15 aniversario de la masacre de Acteal, en la que murieron 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, pero sobre todo significaron la plena reactivación del discurso de resistencia del zapatismo.
A este PRI-Gobierno de cara lavada se le ha ido enredando la gestión conforme avanza 2013. Las complicaciones más recientes, y más espectaculares, están en varios estados del Pacífico. Las últimas cuatro semanas, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han llevado a cabo constantes bloqueos de carretera, huelgas y movilizaciones en protesta por la reforma educativa del Gobierno federal. Las protestas han incluido destrucción y vandalismo, como cuando el 24 de abril manifestantes esbozados incendiaron las sedes de los tres partidos mayoritarios ubicadas en la capital guerrerense, Chilpancingo, en protesta porque el congreso del Estado rechazó por segunda vez una ley a modo, propuesta por los maestros para restar fuerza a una histórica reforma educativa aprobada en consenso por el nuevo Gobierno federales y la oposición.
El tono vandálico reapareció el 1 de mayo, Día del Trabajo, cuando un grupo de encapuchados destruyeron automóviles oficiales y en la vivienda del gobernador Ángel Aguirre realizaron destrozos varios y robaron chalecos antibalas de los policías que estaban de guardia.
El conflicto en Guerrero no solo ha subido de visibilidad sino que incluso cada vez más voces son las que han dicho con todas sus letras lo que muchos otros apenas sí susurran: que el movimiento de resistencia tiene vínculos con la guerrilla. "Lo que está ocurriendo en Guerrero no es una protesta de maestros”, declaró el gobernador de Morelos y también coordinador de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),Graco Ramírez Abreu . En su opinión, “ahí hay una estrategia claramente planteada donde se vincula la presencia de guerrilla, con las famosas Policías Comunitarias y con grupos de vandalismo político”.
Pero aún antes que los maestros fueran un dolor de cabeza incesante, Guerrero ya era un tema en el tablero de graves conflictos del Gobierno mexicano. El añejo ambiente de inseguridad de ese Estado fue el marco para que otrora discretos cuerpos policíacos comunitarios se multiplicaran, y adquirieran una visibilidad y un discurso desafiante –que incluyó múltiples detenciones arbitrarias, muertes en circunstancias no aclaradas y reclamos de hartazgo ante incumplimientos de promesas de seguridad por el azote de grupos del crimen organizado.
Frente a la presión de los docentes guerrerrenses insurrectos y las guardias comunitarias, el Ejecutivo ha intentado reforzar una imagen de moderación con una respuesta calmada. La estrategia gubernamental ha incluido tanto llamados al diálogo como tardanza en la ejecución de órdenes de aprehensión contra al menos una veintena de sindicalistas desde hace semanas. Incluso cuatro profesores detenidos, acusados de terrorismo, fueron prontamente liberados esta misma semana, en que se conmemora el séptimo aniversario de violentos choques en Atenco, Estado de México. La acción policial, que dependió del entonces gobernador Peña Nieto, estuvo plagada de brutalidad y violaciones a los derechos humanos, incluidas las violaciones a mujeres detenidas en la operación.
Las protestas de Guerrero han encontrado eco en estados vecinos como Michoacán, una zona especialmente azotada por el narco, que está muy lejos de haber bajado su violento accionar. Allí, tan solo este viernes estudiantes de magisterio secuestraron ocho autobuses e intentaron llegar a la ciudad de Morelia para continuar con sus protestas, una más de las que en semanas han paralizado importantes vías de la ciudad capital del estado.
La tensión michoacana se vio agravada por una circunstancia tan inédita como imprevisible. El gobernador Fausto Vallejo, un querido exalcalde de Morelia y quien lograra el retorno del PRI al poder de ese Estado que llevaba 10 años en manos del partido de la Revolución Democrática, enfermó gravemente. Las ausencias del mandatario, y la tardanza en reconocer la necesidad de un remplazo en el poder estatal, solo vinieron a agravar la ingobernabilidad de una zona donde grupos de criminales detentan un poder que ha llegado a desplantes como el de esta semana, cuando en un vídeo subido a Youtube el líder de los Caballeros Templarios en Michoacán, Servando Gómez, 'La Tuta', reta al Gobierno federal a poner freno a las guardias comunitarias. Estas, surgidas recientemente en contraste con las de Guerrero -donde las más llevan décadas actuando dentro de la ley- aparecieron de súbito, con armas de alto poder y un mensaje de que harían justicia por propia mano ante la omisión del poder formal frente a narcos como los Caballeros Templarios, un cartel que domina vastas regiones de Michoacán.
En Oaxaca, otro Estado vecino de Guerrero, la policía detuvo a 25 personas, acusadas de “anarquistas”, por destrozos en la marcha del 1 de mayo, pero la tensión en esa región ha tenido altas y bajas en las últimas semanas, con la cuerda de las cosas a manos de la disidencia magisterial.
La empobrecida Chiapas, donde el subcomandante Marcos lanzara la advertencia de bienvenida contra el PRI, también vive tensión ante la posibilidad de un paro indefinido en las escuelas. Cuando el insurgente zapatista retomó su discurso belicoso, Osorio Chong, mano derecha de Peña Nieto, intentó con ese “no nos conocen” calmar las aguas y ganar tiempo. Pero la resistencia de maestros e insurgentes solo ha crecido a pesar de señales de que antiguos intereses “intocables” han sido afectados por la nueva administración: la ambiciosa agenda de reformas surgida de un pacto de gobierno y oposición se cobró en la poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo la primera factura para la modernización educativa, y una reforma en las telecomunicaciones aprobada esta misma semana podría limitar el poder de los barones de ese sector.
“¿Así que no nos conocemos?”, respondió Marcos aquel diciembre al secretario de Gobernación. El zapatista repasó en un nuevo comunicado los antecedentes y las conexiones entre el viejo y el nuevo PRI. Por ejemplo, uno de los acusados por la matanza de Acteal fue Emilio Chuayffet, cercanísimo colaborador de Peña Nieto, quien lo hizo secretario (ministro) de Educación. “Si ellos nunca se fueron, tampoco nosotros”, remachó, en una frase que pareció prever la convulsión que junto con el discurso modernizador de Peña Nieto ha marcado los primeros meses del Gobierno.
Ante todo lo anterior, la opinión pública mexicana está dividida: por una parte, hay llamados a aplicar la ley sin reservas a estos grupos cuando cometen actos ilícitos (desde bloquear carreteras o aparecer con armas). Por otra, se escuchan también discursos que piden tener en cuenta que no se puede usar una mano firme sin tener presente que esto que hoy resucita en el sur mexicano es el resultado del país bicéfalo, moderno y atrasado, parte de las economías más ricas y de los atrasados centenarios, de esa emproblemada nación que el PRI heredó en 2000 y que el PAN no corrigió en doce años de gobierno federal.
De la mano de un presidente con discurso modernizador, México, el país de la desigualdad que tiene en pobreza a 54 millones de personas y en el que durante décadas las élites no han sabido generar oportunidades para casi la mitad de su población, hoy voltea al norte para trazar mayor cooperación con Estados Unidos, pero tiene en el sur un potencial incendio que en estos meses ha recordado a todos que falta mucho por hacer por los que menos tienen.
Por Raquel Seco para El País
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